En España son todavía una minoría los acreedores que reclaman los intereses de demora determinados por la Ley 3/2004, la denominada“Ley de Lucha Contra la Morosidad” puesto que según un informe presentado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) solamente un 9% de las empresas españolas exige siempre a sus deudores el pago de los intereses de demora y un 12% los solicita a menudo; pero el 53% de las empresas no reclama nunca el interés moratorio devengado.